Rebelión
Mario del Rosal Crespo
Según afirman los medios, el último gran plan del gobierno para
sacarnos de la crisis es eliminar la
paga extra de navidad de los empleados públicos a partir del próximo
diciembre. De esta manera,
dicen, el Estado logrará ahorrar algo así como 4.000 millones de
euros, que tanta falta hacen para
alcanzar el tan ansiado y beatífico objetivo de déficit público.
No hay alternativa, dicen, porque cumplir con las exigencias del
euro es el único camino. Hay que
recortar, dicen, porque, dada la absoluta ineptitud para recaudar
más y mejor, la posibilidad de
mejorar las cuentas aumentando los ingresos no es factible, y el
endeudamiento público debe ser
evitado a toda costa. Y hay que bajar los salarios de los
empleados públicos, dicen finalmente,
porque bastante suerte tienen de no soportar la ominosa amenaza
del paro sobre sus cabezas.
Estas tres afirmaciones tienen un pequeño problema: son
rotundamente falsas y brutalmente
perjudiciales para la clase trabajadora de nuestro país, es decir,
para la inmensa mayoría de los
ciudadanos. Pero no es el objetivo de este breve texto probar las
dos primeras, sino comprobar las
consecuencias que tendrá la insistencia del gobierno en la
tercera.
Hagamos un esfuerzo y olvidemos la profunda injusticia que supone
bajar los ya maltratados
salarios públicos, cuya capacidad adquisitiva ha estado en caída
libre desde bastante antes de la
crisis. Olvidemos, también, la ignominia que supone el hecho de
que nuestra propia Constitución
contemple en su articulado más reciente la preferencia absoluta
que el pago de los intereses que
los prestamistas (todos ellos privados) cobran al Estado español
tiene sobre cualquier otro gasto
público, ya sea en sueldos públicos, en servicios como sanidad o
educación, o en transferencias
como pensiones o paro. Olvidemos, incluso, el efecto demostración
que la bajada de salarios
públicos tiene sobre los sueldos del sector privado. Centrémonos únicamente
en las previsibles
consecuencias que esta medida tendrá sobre la economía española en
general.
Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Si damos un valor de 100 a
los salarios públicos en
2009, vemos cómo esta cifra se redujo en 2010 a 95 gracias al
recorte de sueldos del 5% decretado
por el gobierno de Zapatero y se mantuvo en el mismo nivel debido
a la congelación salarial de
2011. Si el gobierno de Rajoy elimina, como pretende, la paga
extra de navidad de los empleados
públicos, entonces ese índice se vería reducido en 2012 de 95 a
88, grosso modo, puesto que
supondría eliminar una de las catorce pagas anuales que comprenden
los emolumentos de estos
trabajadores.
Por otro lado, si damos también un valor de 100 a los precios en
2009 y aplicamos la tasa de
inflación anual del IPC, las cifras redondeadas serian de 103 en
2010, 105,5 en 2011 y, según las
últimas cifras interanuales (mayo), 107,6 en 2012.
Esto significa que, si el gobierno del PP pone en marcha la medida
anunciada, la capacidad de
compra de los empleados públicos habrá pasado de 100 a 88,
mientras que los precios habrán
subido de 100 a 107,6, con lo que ¡su poder adquisitivo habrá caído
casi un 20% en tres años! Esta
cifra, a todas luces espeluznante y que rivaliza con la pérdida
sufrida por quienes han quedado en
paro y mantienen el cobro de sus prestaciones, no parece
justificar la consideración de los
trabajadores públicos como privilegiados, precisamente.
Pero no pretendemos saber cómo se las van a apañar aquellos que
tuvieron la "suerte" de aprobar
una oposición, sino averiguar qué ocurrirá con la economía en su
conjunto. Si los trabajadores
estatales, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio
de Administraciones Públicas, suman
2,7 millones de personas y la cifra de ocupados en España, según
los últimos datos de la EPA, roza
los 17,5 millones, entonces los empleados públicos suponen el 15%
del total de ocupados. Si estos
trabajadores pierden un 20% de su capacidad de compra y suponemos
que esto redunda en una
caída exactamente proporcional de su consumo, entonces la reducción
de la demanda del conjunto
total de los consumidores (si consideramos, para simplificar, que
son todos aquellos con trabajo)
será del 3%. Sabiendo que el porcentaje que el consumo privado
supone sobre el PIB total de
España es bastante estable y se ha venido manteniendo alrededor
del 58% del total en los últimos
doce años, esto significa que, por sí sola, la pérdida de poder
adquisitivo de los empleados públicos
en 2012 respecto de 2009 será responsable de una pérdida potencial
equivalente al 1,75% del PIB,
es decir, de unos ¡17.500 millones de euros anuales!
Y esta cifra sólo indica el efecto directo, sin tener en cuenta
las consecuencias que tendrá en años
sucesivos en cuanto a cierres de empresas, aumento de despidos,
menores ingresos impositivos,
etc, etc.
¿De verdad es razonable provocar una caída del consumo de este
calibre en una crisis tan
destructiva como la que estamos sufriendo sólo para cumplir con
los ignominiosos criterios de
convergencia a los que nos obliga la pertenencia al euro? ¿Es así
como el gobierno pretende
sacarnos de la histórica depresión en la que estamos? ¿De qué han
servido todas las medidas
restrictivas hasta la fecha; acaso para para hacer que la prima de
riesgo llegue a máximos
históricos, a la salud de los prestamistas privados del Estado
español?
Es triste decirlo, pero si el gobierno persiste cerrilmente en
estos bárbaros recortes, la economía
española acabará colapsándose definitivamente más pronto que tarde
y las generaciones más
jóvenes de este país se verán aún más penosamente obligadas a huir
despavoridas a otras
latitudes donde el sentido común no sea el menos común de los
sentidos.
Mario del Rosal Crespo. Profesor de economía de bachillerato y
doctorando en economía
internacional por la UCM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor
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