El
29 del mes pasado se publicaba un anuncio por el que se reanudaba el proceso
selectivo de la letrada asesora de la Mujer que, aunque funcionaria del
Ayuntamiento, presta sus funciones dentro de la Fundación Municipal de la
Mujer. Este proceso había sido suspendido cautelarmente por la justicia ante
la reclamación interpuesta ante lo
Contencioso Administrativo por un aspirante.
Para volver a
convocar a los y las aspirantes, la Alcaldesa decreta el 23 de abril la nueva
fecha y lugar del primer ejercicio, el listado de admitidos al proceso
selectivo y, sorpresivamente, una modificación en el tribunal que deja fuera a
D. Juan Antonio Sánchez Cerpa, miembro del tribunal original, sustituyéndolo
por el subdirector del Servicio de Personal.
D. Juan Antonio
Sánchez Cerpa es funcionario del Ayuntamiento de Cádiz y ha ejercido durante
toda su carrera profesional en la Delegación de Asuntos Sociales. Fue durante
15 años coordinador del desaparecido Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones,
desaparición de la que nunca se ha dado ninguna explicación. En la actualidad
es psicólogo del Equipo de Familia nº 1, del Programa de Infancia y Familia. A
lo largo de sus más de 20 años de dedicación, este funcionario ha prestado
servicio, como miembro de tribunales, en muchísimos procesos selectivos de toda
índole.
Este funcionario y psicólogo es,
además, delegado de la Junta de Personal (el equivalente en funcionarios al
Comité de Empresa) por la UGT. Aunque este hecho es irrelevante a los
efectos de ser nombrado miembro de un
tribunal de oposiciones, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público exige
que los miembros de los tribunales sean funcionarios de carrera o laborales
fijos y que sean profesionales con el nivel de titulación exigido en la plaza,
no lo es a los efectos de que se le pueda, eventualmente, comprar, amenazar o
que se le pueda exigir actual de otro modo que no sea el estricto cumplimiento
de la normativa ya que su condición de representante de los funcionarios le
protege de posibles represalias ante las que otros funcionarios están
indefensos.
El problema
fundamental viene de la inexistente motivación para este cambio. Ya estamos
acostumbrados a que el Equipo de Gobierno crea que el Ayuntamiento es su coto
privado y que no tiene que dar explicaciones de lo que hace ni de por qué lo
hace. Pero es su obligación y los actos administrativos han de estar
debidamente motivados.
Ahora sólo queda la
especulación; ¿Se prescinde de los servicios de este funcionario porque es de
Asuntos Sociales y todo lo que venga de este Servicio viene contaminado por el
caso “Matadero”?
¿Tiene que ver con
que la UGT tiene dos pleitos señalados ante lo Contencioso Administrativo por
irregularidades en las bases y tribunales de los procesos selectivos de la
Fundación Municipal de la Mujer?
¿Y si es porque este
funcionario es uno de los que se presentó para el puesto de Coordinador General
de Programas, al entender que lo que no tenía mucho sentido era nombrar Jefe de
los Servicios Sociales al Técnico de Riesgos Laborales, y este nombramiento
está recurrido ante los tribunales?
¿O quizás es una
represalia por las quejas vertidas por este sindicato por el extraño caso de
los ingenieros ignorantes y la nueva, modificada y muy sospechosa convocatoria
del proceso selectivo de un ingeniero para Urbanismo?
¿También puede haber
pesado en el ánimo del Servicio de Personal que se esté investigando las
relaciones entre un miembro de un tribunal y un aspirante, en procesos
selectivos paralelos?
¿Puede que tenga que
ver con que este trabajador municipal testificó en contra del Ayuntamiento en
el proceso que paralizó cautelarmente la convocatoria?
Sea cual sea el
motivo que alegue el Equipo de Gobierno, habrá que esperar para saberlo a que
responda al recurso de reposición que, contra esta decisión, nos anuncia el
funcionario que presentará antes de que acabe la semana, si es que de esta
manera sí que se dignan a dar las explicaciones pertinentes.
Lo que no podrá alegar
el Equipo de Gobierno, como sí hizo en el caso de Pilar Tubío y de las Jefas de
Centros, es la renuncia voluntaria del titular. No han tenido el detalle de
preguntarle si prefería abstenerse y D. Juan Antonio nos manifiesta que no ha
tenido ninguna intención de retirarse.
Lo que sí queda claro
es que a este Equipo de Gobierno le sobran los trabajadores independientes y
profesionales y le molestan los testigos que no puedan controlar o que puedan
alertar contra los posibles abusos que puedan darse en los procesos selectivos
o en cualquier otra área.
Cádiz, 7 de mayo de 2014
